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Suprema. Por eso se puso ahí. Pero no hay problema en ponerlo en un artículo distinto si la Comisión así loestima”.En los Debates del Pleno respecto al Jurado Nacional Elecciones se tienen las intervenciones de loscongresistas Xavier Barrón (PPC) y Carlos Ferrero Costa (NM-C90), quien señalaba lo siguiente2:El Señor Javier Barrón: “( ) quizás debemos reflexionar sobre si darle tal fuerza al JNE. No me estoyrefiriendo a que sea otra instancia, como otra sede para que lo que ellos revisaron pueda ser contradicho por elpoder judicial, ( ) Me estoy refiriendo a que la necesaria acción de amparo ( ) es fundamental paragarantizar la independencia y la justicia”El señor Carlos Ferrero Costa: “Hemos dicho siempre que queremos un JNE autónomo, libre eindependiente, que sus resoluciones no puedan ser entorpecidas ni por los ciudadanos ni tampoco por el PoderJudicial. Y ahora resulta que el congresista Barrón propone que se puedan interponer amparos contra el JNE,¿Qué JNE vamos a tener, si todos pueden protestar contra las resoluciones del JNE y llevarlas a la vidajudicial? ”Como vemos, el tema electoral cambió estructuralmente con la Constitución de 1993, y el tema sobre lairrevisabilidad de las resoluciones del JNE también estuvo presente, haciendo de este órgano electoral,el Supremo Tribunal Electoral, es por ello que el texto definitivo de la Constitución se plasmó en elartículo 181 El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia.Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, dereferéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instanciafinal, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.Es la última parte del presente artículo constitucional lo que ocasionó una incorrecta interpretación porparte del JNE, pues se optó una interpretación extremadamente literal de la norma, sobrepasandocualquier criterio lógico y legal, pues se entendía que las resoluciones del JNE eran infalibles y decontenido perfecto, incapaces de poder ser revisadas por el poder judicial en amparo.2ABAD YUPANQUI, SAMUEL. “El proceso de amparo en materia electoral: Un instrumento para la tutela delos derechos fundamentales”, citado de (CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO, http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con uibd.nsf/13BB044FC10BB69A052575540061AEE2/ FILE/articulo 07.pdf .5

Este artículo se interpreta también de acuerdo al artículo 142 que señala lo siguiente:No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materiaelectoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación dejueces.En el año 2004, se aprueba el texto de lo que sería nuestro Código Procesal Constitucional, LEY Nº28237 y un año más tarde se le hace la modificatoria con la Ley 28642, al artículo 5, que versa sobre laimprocedencia de los recursos constitucionales, señalando lo siguiente:Artículo Único.- Modificación del artículo 5, numeral 8), de la Ley Nº 28237, Código Procesal ConstitucionalModifícase el artículo 5, numeral 8), de la Ley Nº 28237, Código Procesal Constitucional, en los siguientestérminos:“Artículo 5 .- No proceden los procesos constitucionales cuando: ( ) 8) Se cuestionen lasresoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materias electorales, de referéndum o de otro tipode consultas populares, bajo responsabilidad. Resoluciones en contrario, de cualquier autoridad, nosurten efecto legal alguno. La materia electoral comprende los temas previstos en las leyeselectorales y aquellos que conoce el Jurado Nacional de Elecciones en instancia definitiva.”Con esta modificatoria, el JNE se convertía en un super poder, porque, primero, no podían revisarse susresoluciones bajo ningún supuesto y segundo, la materia electoral lo comprendía todo, es decir, toda lanormativa electoral, hasta la fecha, bastante dispersa, y materias que conoce el JNE en instanciadefinitiva, es decir la última instancia para las resoluciones de ONPE y RENIEC.Con esto se dejaba la actuación del JNE exenta del control constitucional, los recurrentes, sean laspersonas naturales (autoridades o solicitantes de vacancias, suspensiones o revocatorias entre otras) ylas personas jurídicas, como los partidos o movimientos políticos, no podían acudir a otra instancia quesalvaguarde un derecho fundamental que presumían vulnerado.Ante esta problemática, fue el Colegio de Abogados del Callao, quien interpuso una acciónde inconstitucionalidad contra este artículo por vulnerar los principios de supremacía de laConstitución y de separación de poderes, así como el derecho fundamental a la tutelajurisdiccional efectiva. Señalan los demandantes que resulta inconstitucional que una ley no6

permita cuestionar judicialmente la arbitrariedad de un órgano del Estado –como el JuradoNacional de Elecciones–, tanto más, cuando esa arbitrariedad está relacionada con la vigenciaefectiva de los derechos fundamentales de la persona. En consecuencia, resulta vulneratoria delderecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocida por el artículo 139.3º de la Constitución; porotro lado, el demandado (el Congreso de la República), señaló que la irrevisabilidad de lasresoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no parte de la Ley Nº 28642, sino de losartículos 142º y 181º de la Constitución. Expresa que la cuestionada ley no incurre en unainterpretación aislada de las referidas disposiciones de la Carta Fundamental, pues de ellas sedesprende que el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano jurisdiccional competente enmateria electoral, cuyas resoluciones tienen una característica especial, por otro lado, el JuradoNacional de Elecciones se incorporó en el proceso como partícipe, señalando que Colegiode Abogados del Callao carece de legitimidad para obrar, esto es, para interponer la demandade inconstitucionalidad y ser parte en el proceso. Sustenta su argumento manifestando que lamateria relacionada con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley N.º 28642 no es desu especialidad, y que presta a los ciudadanos la tutela jurisdiccional que les asiste comoderecho fundamental y en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos; quesus resoluciones agotan la jurisdicción interna y nada obsta para que el ciudadano que se sientaafectado en sus derechos pueda recurrir al órgano jurisdiccional del Sistema Interamericano deProtección de los Derechos Humanos; que las normas constitucionales y legales que norman sufuncionamiento son compatibles con las normas de la Convención Americana, y que laprotección de los derechos políticos es de su competencia, lo cual guarda conformidad con elartículo 25º de la misma Convención3.Ante ello, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional fue el siguiente:ExpedienteResolución del Tribunal ConstitucionalNorma impugnadaLeyN.º28642,3Sentencia del Tribunal Constitucional. EXP. 00007-2007-PI/TC. Del 19 de junio de 7-2007-AI.html.7

Exp. 00007-2007PI/TCmodificatoria del artículo 5º,numeral 8) de la Ley N.º28237, Código ProcesalConstitucional.Co.17 ( ) Queda claro que la norma sometida a control no debeoponerse a una interpretación de los derechos y libertades reconocidospor la Constitución de conformidad con la Declaración Universal de losDerechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos ratificadospor el Estado peruano y las decisiones adoptadas por los tribunalesinternacionales sobre derechos humanos, constituidos según tratadosde los que el Perú es parte.Co.18.Tampoco puede obviarse lo consagrado por la normatividadinternacional en el sentido de que toda persona tiene derecho a recurrira través de un procedimiento ágil e idóneo ante el órgano jurisdiccionalpara la protección de sus derechos humanos frente a vulneraciones decualquier autoridad ( ).Co. 20. En correspondencia con esos mandatos del DerechoInternacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política delEstado en el inciso 2) de su artículo 200 consagra que “la acción deamparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquierautoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechosreconocidos por la Constitución”. La ley fundamental no excluye aninguna autoridad, ya que la lesión de un derecho fundamental es unaposibilidad que puede provenir, incluso, de las resoluciones del JuradoNacional de Elecciones y, frente a tal eventualidad, le corresponde enprimer lugar al Poder Judicial restituir el derecho, luego al TribunalConstitucional, si el amparo ha sido desestimado y, finalmente, a laCorte Interamericana de Derechos Humanos si el agraviado no haencontrado la reposición de su derecho incluso en sede del propioTribunal Constitucional.Co. 23.b Toda afectación de los derechos fundamentales en la queincurra el Jurado Nacional de Elecciones, devendrá en irreparable cadavez que precluya cada una de las etapas del proceso electoral o que lavoluntad popular, a la que hace alusión el artículo 176º de laConstitución, haya sido manifestada en las urnas. En dichos supuestosel proceso de amparo sólo tendrá por objeto determinar lasresponsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con el artículo 1ºdel Código Procesal Constitucional. Por tanto se declara FUNDADA lademanda; en consecuencia, inconstitucional el artículo único de la LeyN.º 28642, modificatoria del artículo 5º, numeral 8), de la Ley N.º 28237,Código Procesal Constitucional, el cual se deja sin efecto, por impedir elejercicio y la defensa de los derechos fundamentales en el ámbito delJurado Nacional de Elecciones y vulnerar el artículo 200.2º de laConstitución.Esta sentencia es ejemplar, porque interpreta de manera idónea y sistemática la vinculación de losderechos fundamentales con los derechos humanos, la normativa constitucional, internacional,especialmente la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de lassentencias de la Corte Interamericana de Derechos humanos, dejando por sentado que si procede elamparo cuando el JNE hubiese incurrido en alguna vulneración a un derecho fundamental. Es por elloque los derechos fundamentales se constituyen como parámetro de control constitucional de lasresoluciones del JNE.8

2.1 Autonomía vs Autarquía en el JNE: La “superposición de jurisdicciones”La Constitución ha establecido cuales son los organismos, denominados constitucionalmenteautónomos, es decir, órganos que actuaran sin subordinación a algún otro órgano, con autonomía,independencia en sus magistrados, pero de ningún modo serán considerados como órganos soberanos,lindando con lo autárquico, lo que significa, que existirá coordinación entre ellos, y con los demáspoderes del Estado, sin que ello melle su autonomía.Cuando se afirma que los organismos constitucionalmente autónomos gozan de directa e inmediataconfiguración por parte del texto constitucional, quiere decir que son establecidos y determinados en susaspectos esenciales y fundamentales por la Constitución ( ) En ese orden de ideas, materias como lasde su composición, los organismos y métodos que conducen al nombramiento de sus miembros, suestatus institucional, entre otras cosas, son las que se encuentran claramente determinadas en la normafundamental, lo cual es la lógica consecuencia ( ) de la importancia que adquieren estos organismospara el cumplimiento de sus tareas estatales4.Por tal motivo, ningún órgano del estado tiene irrogada la facultad que sus actos se encuentren exentosde control constitucional, más aún si están en juego la integridad de los derechos fundamentales.Como señalábamos en el principio de la presente monografía, son dos posturas que difieren entre sírespecto a la autonomía y la irrevisabilidad de las resoluciones del JNE, así tenemos el siguiente cuadrocon las opiniones de constitucionalistas respecto al tema, para luego contrastarlas con la realidad, lo queresuelven las sentencias del Tribunal Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana,vinculantes para el estado peruano y sus órganos e instituciones:A FAVOR DE LA REVISABILIDAD DE LAS RESOLUCIONESDEL JNE4EN CONTRA DE LA REVISABILIDAD DE LASRESOLUCIONES DEL JNEDONAYRE MONTESINOS, Christian. “Entre la autonomía y la autarquía del Jurado Nacional de Elecciones:La irrevisibilidad de sus decisiones en sede jurisdiccional en cuestión”. A propósito de la modificaciónintroducida por el Congreso de la República al Código Procesal Constitucional y el precedente ex.php/derechopucp/article/view/3038.9

César Landa5:Enrique Mendoza Ramírez9:“( ) En cuanto a que revisar jurisdiccionalmente las resolucionesdel JNE en materia electoral supondría una vulneración de laautonomía que le viene reconocida constitucionalmente en elartículo 177.º de la Constitución, basta decir que, por ejemplo, elPoder Judicial también goza de independencia y autonomía (art.139º, inciso 2 de la Constitución) y, sin embargo, no hay jurista queniegue que sus resoluciones, incluso las de su máxima instancia laCorte Suprema, son susceptibles de ser revisadas mediante elproceso de amparo, claro está, en la medida de que resultencontrarias a los derechos fundamentales, tal como ha sido definidopor el Tribunal Constitucional en la interpretación realizada delartículo 4º del CPConst.”“( ) El período en el que actualmente nos encontramos estásignado por la reiterada actuación del Tribunal Constitucional encontra de la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones ( ) larevisión de las decisiones de la máxima autoridad electoralcuando lo crea conveniente, en forma desmedida y arbitraria,según su riesgoso y leal saber y entender, bajo el argumentogeneralizado de la defensa del debido proceso y de derechosfundamentales, sin considerar el peligro que ello importa a lagobernabilidad, al introducir incertidumbre en el recambio deautoridades añadiéndosele el matiz político que la Constituciónprohíbe precisamente.”“( ) Así, entre otros, podemos identificar un tipo de amparoinnovativo, para los supuestos en que a pesar de haber cesado ohaberse convertido en irreparable la violación del derechofundamental demandado, sería procedente que se plantee elamparo, para que el afectado no vea restringido a futuro su derechoy/o para una adición compensatoria frente a una situación lesivaconsumada ( )N o obstante esta constatación de la praxisjurisdiccional, una salida óptima para generar un equilibrio entre losbienes constitucionales en juego consistiría en plasmar un amparoelectoral sumario, más breve aún que el amparo configuradoactualmente en el Código Procesal Constitucional. Esto es, que lasdemandas de amparo se presenten ante la Sala Constitucional ySocial de la Corte Suprema, y cuyas resoluciones denegatorias,emitidas en un plazo sumarísimo, puedan ser resueltas por elTribunal Constitucional o que el amparo sea conocido en primerainstancia por el JNE, y, en caso de denegatoria, per saltum, searesuelto en última y definitiva instancia por el TribunalConstitucional”.“( ) El punto más grave alcanzado por el TribunalConstitucional fue la sentencia dictada en una demanda deinconstitucionalidad preparada sospechosamente en el Colegiode Abogados del Callao. El Tribunal Constitucional declarófundada la seudo demanda presentada por dicho Colegio y,declaró por ende, inconstitucional el artículo único de la Ley Nº28642, que modificaba el numeral 8 del artículo 5º de la Ley Nº28237, Código Procesal Constitucional. La Ley Nº 28642 ( )”“( ) La consolidación del Estado Constitucional de Derecho no espacífica, sino muchas veces presenta avances y retrocesos. Así, elconflicto intrasistémico entre el Tribunal Constitucional y el JNE esexpresión de ello, pero no en un sentido peyorativo. En atención aque la existencia de conflictos no es, per se, nociva para el ordenconstitucional, por el contrario en algunos casos es hasta necesariaen la medida que es propio de todo sistema democrático; más bien,el no-conflicto es propio de las dictaduras. Pero es verdad quecuando estos conflictos son anómicos —es decir, rechazan la unidadconstitucional—, entonces la seguridad jurídica se convierte enincertidumbre”.“( ) Por otro lado, nadie duda de la necesidad de preservar tambiénla seguridad jurídica del proceso electoral, pero no esconstitucionalmente válido pretender ello a costa de la desprotecciónde los derechos fundamentales ( )”5“( )Es decir, la naturaleza de lo electoral exige un fueroespecial, se trata de proteger la expresión de miles deciudadanos que no puede ser entorpecida ni debilitada por unsolo individuo, y que está sujeta, por ejemplo, a los muy brevesplazos que impone dicho proceso en el cual se expresa lavoluntad popular, con términos cortos e improrrogables ( )”“( ) La inconstitucional e irresponsable actuación del TribunalConstitucional, nos lleva a situaciones absurdas, en que lospresidentes o los alcaldes del Perú, pueden terminar siendodesignados no sólo por el TC, sino también en caso deimpugnación, por la Corte de Derechos Humanos en San José( )”“( ) La condición de irrevisable de las decisiones del máximoorganismo electoral no significa, en lo absoluto, que éste permitasituaciones cercanas a la arbitrariedad, abuso o lesión a losderechos fundamentales. El Jurado Nacional de Elecciones, porel contrario es el primer defensor de los mismos y es respetuosode las competencias que la Constitución actualmente vigente leha conferido ( )”“( ) Conviene preguntarse entonces, ¿cómo lo hace LuísCastillo Córdova31 , ¿quién custodia al custodio de laConstitución?, esta pregunta es válida, máxime si en más de unaoportunidad, el mismo Tribunal Constitucional ha señalado sinmayor reparo, que su única limitación es su propiaLANDA, César. “Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de docbib/con2 uibd.nsf/E0A5FB44937AC8D9052575AC007B0BBA/ FILE/1jurado.pdf10

Samuel Abad Yupanqui6:“( ) no nos parece razonable negar de modo absoluto el empleo delamparo en circunstancias excepcionales. Y es que inclusión de lajurisdicción constitucional exige que todos los órganosconstitucionales adecuen su actuación a lo dispuesto por laConstitución, pues de lo contrario ella –a través del proceso deamparo- podría corregir tal situación ( ) y solo pueda acudirse alamparo cuando se ha vulnerado el debido proceso. La experienciade las fraudulentas elecciones del año 2000 en las que la actuacióndel JNE favoreció claramente la candidatura de Alberto Fujimori asílo indica.”autolimitación. ¿Puede ser admisible que, dentro de lanomenclatura de un Estado Constitucional exista un organismoque reclame para sí un ejercicio ilimitado del poder,desconociendo la autonomía y las competencias específicas quela norma fundamental ha conferido a otros organismosconstitucionales? ( )”“( ) el conocimiento del amparo contra resoluciones del JNEviolatorias de derechos fundamentales no comporta una revisiónplena y total del proceso electoral, sino tan solo de

luisana isell vega zeña . control constitucional de las resoluciones del jurado nacional de elecciones: "amparo electoral" .