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una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídicocorrespondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derechoconstitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través dediversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad ylos particulares, al implicar deberes calificados de protección.RESUELVE: “PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la salud, alagua y al medio ambiente sano de los habitantes de los Municipios de Sogamoso, Nobsa,Isa, Aquitania, Tota, Firavitoba y Cuitiva por las razones expuestas en la parteconsiderativa de la presente providencia. SEGUNDO: DECLARAR que el LAGO DETOTA Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA, ostentan la calidad de sujeto de derechos a laprotección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, en cabeza delMinisterio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad con losargumentos expuestos en este proveído. TERCERO: NEGAR la pretensión relativa a lasuspensión del suministro de agua para consumo humano que provenga del Lago deTota, hasta tanto desaparezca la fuente generadora de plomo (Pb), atendiendo a lasconsideraciones señaladas en esta providencia. CUARTO: ORDENAR al INSTITUTO DEHIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM, que realice ellevantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre el estado actual delecosistema que involucra el Lago de Tota, por ser éste parte del patrimonio ambiental delpaís. Para dar inicio a esta labor, se le concede el término perentorio de TRES (3)MESES, al cabo de los cuales deberá presentar el correspondiente Plan de trabajo, quecontenga las actividades que se realizarán, los métodos que serán utilizados, los términosnecesarios para la ejecución de la labor encomendada y demás variables que debenabordarse a fin de determinar el estado actual del ecosistema lacustre, sus afectaciones,las causas y recomendaciones para lograr su preservación, restauración y conservación,de manera que pueda llevarse a cabo una mejor y más racional utilización de los recursosnaturales renovables, según criterios de equidad. Parágrafo 1: DISPONER que losresultados y conclusiones del informe se notifiquen al MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS, como Representante del Lago deTota y su cuenca hidrográfica, así como a la comunidad mediante una Mesa de Trabajo,que involucre Representantes de los entes territoriales, sectores cada una de lasactividades económicas que se desarrollan en la región (agrícolas, piscícolas, avícolasmineros, turístico), representantes del Ministerio Público, de las OrganizacionesAmbientales y de la ciudadanía a fin de que con base en los hallazgos, se presenteniniciativas, propuestas, medidas, compromisos de cada uno de los sectores que seránevaluados por el MADS. Parágrafo 2: ORDENAR al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS que, en su condición de Organismo Rector de lapolítica y normatividad ambiental, consolide la información de la que trata el parágrafoanterior, en un programa, plan o proyecto dotado de actividades, recursos, directrices ytiempos tendientes a contrarrestar, prevenir y buscar soluciones para mitigar el impactode la contaminación por metales pesados y otros factores, en aras de prevenir daños enla salud humana y de los demás seres vivos que hacen parte del ecosistema de laCuenca del Lago de Tota, así como para manejar de manera sostenible el recurso hídrico.Para tal efecto, el MADS cuenta con un término perentorio de TRES (3) MESES.

QUINTO: ORDENAR la conformación de una RED INTERINSTITUCIONAL DEMONITOREO DEL LAGO DE TOTA, con el fin de que de manera coordinada lasinstituciones involucradas como la SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, LACORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, LOSMUNICIPIOS Y EMPRESAS DE ACUEDUCTO Y LA FISCALÍA a través de suslaboratorios, puedan realizar monitoreos con una periodicidad mínima de tres meses, enla que se encuentren enfocados en determinar los posibles cambios en el tiempo de lascaracterísticas fisicoquímicas de la cuenca, y de ser necesario, tomar medidas paracontrarrestar efectos nocivos. Parágrafo: DISPONER que la SECRETARIA DE SALUDDEPARTAMENTAL, lidere tal acción y en esa medida presente ante el Despacho, para locual cuenta con el término perentorio de TRES (3) MESES contados a partir de lanotificación de la presente providencia, al cabo de los cuales deberá allegar un informe endonde se señalen los por menores de dicha Red, SEXTO: ORDENAR a los MUNICIPIOSDE CUITIVA y TOTA que durante el término que de ninguna manera podrá superarCINCO (5) AÑOS, contados a partir de la notificación de la presente providencia,construya las respectivas PTARS. Parágrafo 1: DISPONER que, durante el términoseñalado en este numeral, los Alcaldes Municipales deberán estar acreditandoperiódicamente, las gestiones realizadas para la consecución del fin, siendo que el primerinforme lo alleguen el término de TRES (3) MESES contados a partir de la notificación dela presente providencia. Parágrafo 2: En cuanto a la PTARS del Municipio de Aquitania,como ya se encuentran en curso las órdenes judiciales encaminadas a exigir suconstrucción, el Despacho se atendrá a lo resuelto en ellas. SÉPTIMO: ORDENAR aCORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, queprograme y realice mesas de trabajo de acompañamiento NO VINCULANTES a lasautoridades locales, por medio de las cuales se les explique el componte técnico, losrequisitos de los tramites y demás herramientas que conlleven a facilitar su deber depresentar los Planes de saneamiento y Manejo de vertimientos de aguas residuales.Parágrafo 1: EXHORTAR a la autoridad ambiental para que continuar verificando de cercasu cumplimiento de dicho deber por parte de los señores Alcaldes, de manera queoportunamente se apliquen las medidas sancionatorias que dispone la ley para este tipo deventos. Parágrafo 2: EXHORTAR a los señores ALCALDES MUNICIPALES DEAQUITANIA, TOTA Y CUITIVA para que cumplan a cabalidad y oportunamente con suobligación de entregar ante CORPOBOYACA, el Plan de Saneamiento y Manejo deVertimientos, PSMV de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda yDesarrollo Territorial. OCTAVO: ORDENAR que las autoridades locales de AQUITANIA,TOTA Y CUITIVA, así como a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, en asocio conCORPOBOYACA, que diseñen estrategias y actividades pedagógicas con los agricultoresde la ribera del Lago y/o sus agremiaciones, a fin de que se implementen prácticas másamigables en términos ambientales, se evalúen las ventajas de sustituir cultivos decebolla por otros, y sobretodo se genere conciencia de “cuidado por la casa común”.Para tal efecto, ésta labor será liderada por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, la cualcontara con el término perentorio de TRES (3) MESES para presentar un Informe con elProyecto, Plan o Programa que se va a emprender para este fin. NOVENO: EXHORTARa la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA – UPTC-, para

que, conforme a su deber de Responsabilidad Social Ambiental, coordine, promueva ypatrocine desde su Facultad de Ciencias Agropecuarias, investigaciones relativas a laproblemática del sector agrícola que se encuentra en la ribera del Lago de Tota y surelación con el ecosistema. DÉCIMO: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANOAGROPECUARIO DE COLOMBIA –ICA-, que, de acuerdo con su misionalidad, adelantela labor de muestreo y análisis de la gallinaza utilizada en los cultivos de cebolla que seencuentran ubicados sobre la ribera del Lago de Tota, a fin de establecer si el productofinal que está siendo utilizado como insumo para este cultivo, contiene metales pesados yen que proporciones. Parágrafo 1: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANOAGROPECUARIO DE COLOMBIA –ICA, que verifique que las granjas que se dedican ala producción de gallinaza, utilizada como fertilizante en los cultivos de cebolla que seencuentran en la ribera del lago, cuenten con la respectiva Certificación Sanitaria AvícolaComercial Biosegura. Parágrafo 2: ORDENAR al INSTITUTO COLOMBIANOAGROPECUARIO DE COLOMBIA –ICA, Que implemente un programa de capacitación yconcientización sobre los elementos con los que elaboran la gallinaza, su tratamiento y lasconsecuencias que generan en el medio ambiente y concretamente en el ecosistema delLago de Tota, así como el resultado que ocasiona, el uso permanente de otrosfertilizantes y pesticidas, fungicidas, herbicidas. DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR a laCORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, que comomedida transitoria para evitar un perjuicio irremediable suspenda el trámite de todasaquellas solicitudes de permiso de ocupación de cause para cultivo de Truchas en el Lagode Tota, por lo menos hasta el MADS reciba del IDEAM, el Informe del que trata elnumeral cuarto de esta providencia y sea esta autoridad la que determine la convenienciaambiental de seguir estudiando y otorgando, tales solicitudes. DECIMO SEGUNDO:ORDENAR la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP, quecomo medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable, suspenda el trámite detodas aquellas solicitudes de licencia para desarrollar la truchicultura en el lago de Tota,de manera que no se expidan más títulos de los que se encuentran vigentes, por lomenos hasta que el MADS reciba del IDEAM, el Informe del que trata el numeral cuartode esta providencia y sea esta autoridad la que determine la conveniencia ambiental, deseguir otorgando licencias para nuevos cultivos. Parágrafo 1: ORDENAR a laAUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP, que exhorte a lasempresas que cuentan con el permiso de cultivo de Trucha en el Lago de Tota, para queadelanten con carácter urgente las acciones que se encuentren pendientes a fin deobtener su certificación HACCP ante el INVIMA y/o las entidades territoriales de salud,según corresponda. Parágrafo 2: EHXORTAR al INVIMA y/o las entidades territoriales desalud, según corresponda, para que imprima trámite preferente a las solicitudes deAnálisis de Peligros y Puntos Críticos de Control de este alimento, que sean presentadaspor los truchicultores del lago de Tota. Parágrafo 3: ORDENAR al INSTITUTOCOLOMBIANO AGROPECUARIO DE COLOMBIA –ICA, que verifique que las granjasque se dedican a la producción de gallinaza, utilizada como fertilizante en los cultivos decebolla que se encuentran en la ribera del lago, cuenten con la respectiva CertificaciónSanitaria Piscícola Comercial Biosegura. Parágrafo 4: ORDENAR a la AUTORIDADNACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP y la CORPORACIÓN AUTONOMAREGIONAL – CORPOBOYACA, que de manera coordinada adopten las acciones que

resulten necesarias a fin de establecer si en la cuenca del Lago de Tota tienen presencia,personas naturales o jurídicas que se estén dedicando al cultivo de trucha sin elcumplimiento de los requisitos y permisos necesarios para tal fin, toda vez que lainformación reportada por la AUNAP no coincide con la que suministro el ICA.Consolidada la información, adóptense las medidas correspondientes. DÉCIMOTERCERO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA- y a la AGENCIA NACIONAL DE HICROCARBUROS – ANH -, que suspendacualquier solicitud que se encuentre en trámite para obtener la respectiva licenciaambiental y el titulo para desarrollar actividades de exploración y explotación dehidrocarburos, en la cuenca del Lago de Tota, de manera que se garantice que en dichaárea no se desarrollaran actividades de este tipo, adicionales a las que ya se encuentrandebidamente autorizadas. Parágrafo: CONMINAR a la AGENCIA NACIONAL DELICENCIAS AMBIENTALES - ANLA para que, de acuerdo al ámbito de su competencia,defina la situación actual de la o las Licencias Ambientales de los títulos otorgados a laEmpresa MAUREL & PROM, para la exploración y explotación de hidrocarburos en laCUENCA DEL LAGO DE TOTA. De ser necesario, deberá remitir informe de lassanciones que se impongan. DÉCIMO CUARTO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONALDE MINERÍA –ANM-, AGENCIA NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA Y ala CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ quesuspendan cualquier solicitud que se encuentre en trámite para obtener la respectivalicencia ambiental y/o los títulos para la exploración y explotación minera, cuyo objetotenga cualquier tipo de injerencia en la cuenca del Lago de Tota, de manera que segarantice que en dicha área no se desarrollaran más actividades de este tipo, de las queya se encuentran debidamente autorizadas. DÉCIMO NOVENO. - NOTIFICAR estadeterminación por el medio más expedito en la forma que lo establece el artículo 16 delDecreto 2591 de 1991 a quienes actuaron en este trámite.”B. Segunda Instancia:El vientiuno (21) de abril de 2021, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicialde Santa Rosa de Viterbo, decide sobre el recurso de impugnación interpuesto por losaccionantes.Hace un amplio análisis respecto de la procedencia de la acción de tutela en estos casosparticulares de medio ambiente, y cuando confluyen divergencias respecto de la acción detutela y la acción popular.Y puntualmente, respecto de la protección invocada, encuentra que el ProcuradorDelegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, quien hacía parte de la Comisión deVigilancia creada por la sentencia de la Acción Popular de 10 de agosto de 2006,expedida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyaca, Sala Segunda deDecisión, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, y la Procuradora 32 Judicial I Agrariay Ambiental de Boyacá, y de la misma manera los ciudadanos Manuel Alejandro Gonzálezy Humberto José Perna Vanegas, invocaron la protección de los derechos fundamentalesa la vida, la salud, a un ambiente sano y al agua potable, a los que tienen derecho los

habitantes de los municipios de Sogamoso, Aquitania Tota, Cuitiva, Firavitoba, Iza yNobsa, a su vez, inminente riesgo a los que se encuentran las comunidades que seabastecen de esta importante fuente hídrica, hechos que simplemente no fueronestablecidos, como lesivos o amenazas concretas a derechos subjetivos, sino como underecho general de las comunidades municipales rivereñas señaladas, derechos nosusceptibles de tutela, porque aunque si pueden llegar a afectar a los individuos, enparticular, tienen que ser protegidos por mecanismos como la acción popular, que comoaparece ya fue ejercida ante la autoridad ambiental “Corpoboyacá”, por lo que lasacciones que caben frente al fallo antes señalado, no es la de tutela sino la de desacato,derivada de la sentencia expedida el 10 de agosto de 2006, la cual persiguió el mismo finde esta acción, no siendo por tanto la tutela el medio idóneo para lograr el cumplimientode la sentencia ya aludida.Resuelve: Revocar el fallo de primera instancia, expedido por el Juzgado Primero Civil delCircuito de Sogamoso y en su lugar NEGAR la acción por improcedente.III. CONSIDERACIONES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLOPROCEDENCIA DE LA INSISTENCIA EN REVISIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELAEs claro que, en principio, el caso bajo estudio sería competencia de la jurisdiccióncontenciosa administrativa, a través de la invocación de un incidente de desacato,contemplado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998, tal como lo esboza elTribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo. Sin embargo, atendiendola celeridad de la acción tutela y la urgencia que se presenta en el caso bajo estudio,consistente en que se haga efectiva la protección de la población asentada en losmunicipios de Sogamoso, Aquitania, Tota, Cuitiva, Firavitoba, Iza, Nobsa delDepartamento de Boyacá que sufren la vulneración de sus derechos, se hace necesaria laintervención urgente del máximo órgano de cierre constitucional, por lo que el mecanismoidóneo es el contemplado en el artículo 86 de la Constitución.De igual manera, considera la Defensoría del Pueblo que se estaría desconociendo lomanifestado por la H. Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016:“ “3.3. Cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Ahora bien, en virtud del principiode subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, estaCorporación ha sostenido que en los casos en que existan medios judiciales ordinarios deprotección al alcance del actor, el amparo será procedente si el juez constitucional logradeterminar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no sonsuficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechospresuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere del amparo constitucional comomecanismo transitorio, puesto que, de lo contrario, se configuraría un perjuicioirremediable; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados esun sujeto de especial protección constitucional .[2]

Sobre el particular es preciso recordar que los accionantes, al ser comunidades étnicas,campesinas y sujetos de especial protección constitucional, obran con el objeto de que seamparen sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la salud, al agua,a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio.Ahora bien, el argumento de los jueces de instancia según el cual la tutela no esprocedente porque busca proteger derechos colectivos no fundamentales, y queadicionalmente son susceptibles de protección a través de otro medio de defensa judicial,no es de recibo en el presente caso por dos razones principales. En primer lugar, es ciertoque los demandantes aducen graves afectaciones al medio ambiente en el que viven, y elderecho al medio ambiente sano es un derecho colectivo. Sin embargo, en el presentecaso la vulneración del derecho a gozar de un medio ambiente sano tiene repercusionessobre otros derechos y principios constitucionales que, tanto el texto de la Constitucióncomo la jurisprudencia de la Corte, reconocen como fundamentales. Tales son losderechos a la salud, tanto de los niños como de los mayores, y el principio de dignidadhumana, reconocido como un principio fundamental en el artículo 1º de la Constitución. Esasí como el artículo 44 de la Constitución Política reconoce el carácter fundamental delderecho a la salud y a la integridad física de los niños, mientras que a partir de lasSentencias T-060 de 2007, T-148 de 2007 y T-760 de 2008 se reconoció el carácterfundamental del derecho a la salud.En segundo lugar, debe recordarse que los demandantes son comunidades negras,debidamente reconocidas -como ya se reseñó en el acápite relativo a los hechos de lademanda-, que vienen ocupando históricamente territorios que les han sido reconocidos ytitulados colectivamente de acuerdo con sus prácticas usos y costumbres tradicionales,conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 70 de 1993. En esa medida, la proteccióndel medio ambiente sano del que son titulares estas comunidades está estrechamenteligada con la protección del territorio, ya que el medio ambiente sano va más allá de lasimple diversidad biológica: es una condición necesaria para el goce efectivo del derechoal territorio. En este sentido, se entiende que contar con un medio ambiente sano es unacondición necesaria para garantizar otros derechos fundamentales de las comunidadesétnicas, como son: la identidad colectiva y la integridad cultural”. ( )IV. RAZONES DE LA INSISTENCIA EN REVISIÓNEs clara la actividad procesal y administrativa que han llevado a cabo las comunidadesasentadas en los municipios multicitados, e igualmente los entes de control deldepartamento de Boyacá. A lo largo del tiempo, los primeros han visto como se venafectados sus derechos fundamentales, soportando al mismo tiempo, los riesgosasociados a la contaminación por plomo que puso en conocimiento la Fiscalía.En busca de la protección de sus derechos han iniciado diferentes acciones judiciales; esasí como el Tribunal considera que la vía jurídca idónea es iniciar el desacato frente a las

órdenes

agua para consumo humano de estos municipios es el lago de Tota, ecosistema lagunar que a la fecha de la interposición de la acción de tutela, según